Saltear al contenido principal
Actualidad

De la indebida inclusión en un registro de morosos

Abordamos una controversia que se suscita con cierta habitualidad en el tráfico jurídico mercantil: el acceso indebido de un particular o una empresa a los denominados «registros de morosos».

Como en cualquier ámbito de la vida jurídica, el respeto a las formalidades legalmente establecidas es garantía de cumplimiento y observación de las normas previstas en el ordenamiento jurídico que de manera abstracta y general regulan una convivencia pacífica y ordenada.

En esta ocasión abordamos una controversia que se suscita con cierta habitualidad en el tráfico jurídico-mercantil: el acceso indebido de un particular o una empresa a los denominados «registros de morosos».

Obviamente, cualquier anomalía en el cauce de acceso utilizado a los citados registros genera una lesión en el derecho al honor del afectado. El derecho al honor es un Derecho Fundamental reconocido constitucionalmente, relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Es un derecho integrante de los denominados «derechos de la personalidad del individuo» pero también es factible vulnerar el derecho al honor en el caso de personas jurídicas.

Estaríamos hablando de cualquier actuación que afecte directamente al buen nombre comercial de la sociedad, a su prestigio y a la proyección pública del mismo, con trascendencia en el mercado en el que opere. Por consiguiente, la materia relativa a la solvencia de una empresa puede ser susceptible de vulneración del derecho al honor.

El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente, en su sentencia de 25 de abril pasado, un supuesto que nos sirve de guía para el fin pretendido. En ese caso, una entidad bancaria comunicaba a un fichero de morosos los datos relativos a un cliente por impago del préstamo hipotecario que se había concedido a una sociedad de la que él era administrador y fiador personal. Sin embargo, la referida comunicación al registro de morosos se llevó a cabo sin efectuar al afectado un requerimiento previo de pago en el que se hiciera constar la advertencia de que su desatención provocaría la comunicación al citado registro. De hecho, la comunicación al fichero de morosos fue efectuada por el banco mientras el afectado negociaba con el mismo la dación en pago del inmueble hipotecado para cancelar la deuda existente. Los datos personales de esta persona estuvieron incluidos en el registro de morosos durante algo más de tres años siendo consultados por varias empresas y profesionales del sector de actividad del afectado. Este hecho motivó que el deudor interpusiera una demanda de protección del derecho al honor contra el banco.

Demanda

En el Juzgado de Primera Instancia se estimó parcialmente la demanda del afectado, concediéndole una indemnización por los daños morales causados de 40.000 €. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la entidad bancaria privando de toda indemnización al particular afectado. Llegado el asunto al Tribunal Supremo éste resuelve a favor del afectado entendiendo que el banco había vulnerado la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. La sentencia argumenta que la atribución a una persona de la condición de «moroso» y la comunicación de esta circunstancia a terceros, afecta al honor de la persona porque existe una valoración social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación lesiona su dignidad, menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.

Sentencia

En una Sentencia anterior, de 22 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo estableció que el requerimiento de pago previo no es simplemente un requisito «formal», de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero de morosos, que no es simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacer frente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia.

Volviendo a la sentencia de 25 de abril pasado, quedó acreditado que el afectado había mantenido negociaciones con la entidad bancaria para cancelar el préstamo mediante la dación en pago de la finca hipotecada. De ahí que tuviera toda virtualidad el requisito del requerimiento previo de pago con advertencia de inclusión en uno de estos ficheros,

de modo que el deudor tuviera plena certeza de que no era posible llegar a una solución como la que había ofrecido al banco, pudiera explorar otras vías para solucionar el impago del préstamo, tuviera plena consciencia de que sus datos iban a figurar en un registro de morosos y pudiera comprobar que dichos datos eran correctos.

Ahora bien, el Alto Tribunal rebajó la indemnización por daño moral a 10.000 €, utilizando como criterios para valorar la indemnización el tiempo que el afectado había permanecido incluido como moroso en el fichero, la difusión que habían tenido los datos mediante su comunicación a quienes los habían consultado y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos complicado que tuvo que seguir para la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.

Volver arriba