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Actualidad

Situación de riesgo en el centro de trabajo

A cuenta de la actual situación que estamos padeciendo parece de obligado cumplimiento detenernos, aunque solo sea de manera sucinta, en las obligaciones que tiene el empleador en relación con aquellos puestos de trabajo que puedan estar sujetos a especiales circunstancias de riesgo grave o inminentes que puedan afectar a la salud o poner en riesgo la integridad física de los trabajadores.

El artículo 40.2 de la Constitución Española (en adelante, CE), encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Ese mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

Así, la norma ordinaria que regula la prevención de riesgos laborales es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la cual, además, se complementa con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en lo sucesivo, Reglamento).

De la misma forma, a nivel comunitario, se ha tratado de preservar un ambiente de trabajo libre de riesgos para sus trabajadores y fruto de ello ha sido la creación de un acervo jurídico enfocado a la protección de la salud de los trabajadores destacando, entre las normas que lo configuran, la Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.

Pues bien, en un entorno laboral como el actual, donde el peligro puede originarse en el ámbito estrictamente laboral pero, a su vez, desbordarlo ya que la carga viral de un contagio la podemos trasladar a nuestro entorno más íntimo y cercano, se hace indispensable asumir todo tipo de cautelas y garantías que tiendan a evitar situaciones potencialmente peligrosas para los propios trabajadores y para las personas que nos rodean.

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales, artículo 14 LPRL:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1 LPRL, el trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo, lo que supone un deber correlativo del empleador (incluyendo a las Administraciones Públicas) para protegerles.

A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empleador realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores desarrollando una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

El coste de la implantación de todas estas medidas debe ser sufragada íntegramente por el empleador y no podrá recaer, en modo alguno, sobre la figura del trabajador.

Principios de la acción preventiva, artículo 15 LPRL:

El empleador aplicará las medidas que integran el deber de prevención atendiendo a los siguientes principios generales:

  1. Evitar los riesgos.

  2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

  3. Combatir los riesgos en su origen.

  4. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

  5. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

  6. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

  7. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

  8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

  9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de protección adecuados, artículo 17 LPRL:

El empleador adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y adaptados para el trabajo a realizar, de tal forma que puedan garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.

Ello quiere decir que se deberá proporcionar equipos de protección individual (en adelante, EPI) para el desempeño de las funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios y los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo estándar.

Interrupción de la actividad ante un riesgo grave e inminente, artículo 21 LPRL:

Este precepto faculta a los trabajadores y sus representantes legales a interrumpir su actividad laboral y abandonar el lugar de trabajo -siempre que no existan otras alternativas y ello fuera necesario-, cuando se considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud sin que de la adopción de esa decisión puedan sufrir perjuicio alguno, a menos que se hubiera obrado de mala fe o cometido un negligencia grave que hubiera podido perturbar el correcto desarrollo de la actividad económica de la empresa.

Como suele ocurrir en estos casos, la redacción tan abierta de la norma -en un contexto tan sensible como la interrupción de la actividad productiva- produce una variabilidad de interpretaciones en función de los intereses de cada una de las partes involucradas que solo genera inseguridad jurídica ya que, ¿Cuáles son las medidas alternativas existentes para evitar una situación de riesgo? ¿Cuándo se considera que el riesgo es suficientemente grave para ser considerado como inminente o necesario? ¿Quién establece los límites de esa gravedad? ¿Cómo delimitamos la gravedad? ¿Cuáles son los parámetros utilizados para considerar que se interrumpe o paraliza la actividad económica de la empresa? ¿La paralización de un departamento concreto supone un perjuicio general para el adecuado desarrollo de la actividad económica empresarial? Nuevamente, el legislador -queriendo satisfacer a unos y otros- se queda en la epidermis del problema en lugar de entrar en el fondo del asunto y, precisamente por ello, nos induce a una confusión que, lamentablemente, solo puede ser reparada en la ya de por sí colapsada administración de justicia.

Sin ánimo de ser exhaustivo, trataremos de arrojar luz, en la medida de lo posible, a alguno de esos interrogantes.

Concepto de riesgo grave e inminente, artículo 4 LPRL:

Se entiende por “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable y/o racional pudiéndose materializar en un futuro inmediato suponiendo un daño grave para la salud de los trabajadores. Por tratar de acotar dicho concepto, existirá riesgo laboral grave e inminente cuando concurran de forma simultánea estos tres requisitos:

  1. Certeza de que se va a producir un daño

  2. Gravedad del daño

  3. Inmediatez de la situación de riesgo

Procedimiento para la interrupción o paralización de la actividad productiva:

Cuando siendo concreto y cierto el peligro en el centro de trabajo sin que el empresario adopte o permita la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud, los representantes legales de los trabajadores (en adelante, RLT) podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo y, en todo caso, estarán facultados para ello los  delegados de prevención cuando no resulte posible reunir con urgencia a la RLT.

Ese acuerdo, deberá ser comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS), la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

En una decisión que podríamos calificar de acertada se decide elegir la figura de un tercero ajeno a los intereses contrapuestos (ITSS) para que sea quien decida sobre la adecuada paralización o interrupción de la actividad productiva, todo ello sin perjuicio, obviamente, de que esa decisión quede supeditada a una ulterior resolución judicial.

En consecuencia, el trabajador, por su cuenta y riesgo, no puede negarse a realizar un trabajo o a paralizar la actividad productiva -de forma sistemática o indiscriminada- ya que su juicio de valor sobre el peligro en cuestión puede no ser el adecuado y, en ese caso, su actuación puede dar lugar a la imposición de una sanción disciplinaria. Por ello, recomendamos que, con carácter previo, se consulte esa cuestión con un experto que le permita asesorarse adecuadamente.

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