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Actualidad

Trabajador autónomo económicamente dependiente

Son trabajadores autónomos económicamente dependientes (en adelante, TRADE), aquellas personas físicas que realizan una actividad económica o profesional de forma habitual, directa, a título lucrativo, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona -física o jurídica- pero del que depende económicamente por percibir de ésta, al menos, el 75 % de los ingresos derivados de su actividad. 

En efecto, el TRADE es funcionalmente autónomo e independiente, cuenta con una infraestructura y material propia para el ejercicio de su actividad profesional pero ésta se subordina al trabajo facilitado por un tercero, el cual, le remunerará en atención a ese servicio. Amén de lo expuesto, el TRADE debe cumplir una serie de requisitos contemplados en el

  1. No tener a su cargo
    trabajadores
    por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes. Esta regla general admite una serie de excepciones legalmente tasadas como, por ejemplo, poder realizar contrataciones en supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses (i), períodos de descanso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar (ii), por cuidado de menores de 7 años que tengan a su cargo (iii), por tener a su cargo un familiar y por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, en situación de dependencia o con una discapacidad igual o superior al 33% (iv). Cuando concurran estas excepciones y el TRADE se vea en la necesidad de contratar pasará a ostentar la figura de
    empresario,
    tal y como prevé

    el
  2. No ejecutar su actividad de manera
    indiferenciada
    con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.
  3. Disponer de
    infraestructura
    productiva y material propia, necesaria para el ejercicio de la actividad e independiente de los de su cliente, cuando en dicha actividad sea relevante económicamente.
  4. Desarrollar su actividad con
    criterios
    organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.
  5. Percibir una contraprestación
    económica
    en función del resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente, asumiendo el riesgo y ventura de aquélla.

Acuerdo de Interés Profesional:

De la misma manera que los trabajadores por cuenta ajena tienen sus Convenios Colectivos para regular sus relaciones laborales con sus empleadores, los TRADE cuentan con los Acuerdos de Interés Profesional (en lo sucesivo, AIP), que son una fuente específica de su régimen profesional y que pueden ser suscritos entre las asociaciones o sindicatos más representativos y las empresas donde prestan servicios.

Mediante esos AIP se pueden regular, entre otras, materias tales como las condiciones laborales, el modo y lugar de la prestación del servicio, la cuantía de las indemnizaciones en caso de extinción del contrato, etc.

La eficacia personal de los AIP se limita a las partes firmantes, esto es, a los TRADE afiliados a los sindicatos y asociaciones que hayan prestado expresamente su consentimiento para otorgar estos acuerdos.

Por último, referir que los AIP se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil, entendiéndose como nulas y sin efectos las cláusulas contrarias a disposiciones legales de derecho necesario (Ius Cogens).

Contrato de Prestación de Servicios:

El TRADE podrá solicitar a su cliente la formalización de un contrato de prestación de servicios por escrito, de conformidad con lo estipulado en el

Dicho contrato, además, deberá registrarse en el SEPE como si se tratara de la copia básica de un contrato laboral.

Dentro del contenido del contrato conviene incidir sobre aspectos esenciales como su duración, causas de extinción, cuantía de la indemnización prevista o duración del preaviso sobre la finalización del contrato.

Causas de Extinción del Contrato:

El contrato del TRADE puede extinguirse por las causas válidamente consignadas en el propio contrato (i) y por las legalmente previstas (ii), siendo éstas, según el

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. Causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto.

3. Muerte y jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la correspondiente legislación de Seguridad Social.

4. Desistimiento del TRADE, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.

5. Voluntad del trabajador autónomo económicamente dependiente, fundada en un incumplimiento contractual grave de la contraparte.

6. Voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.

7. Por decisión de la trabajadora autónoma económicamente dependiente que se vea obligada a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

8. Cualquier otra causa legalmente establecida.

La causa que origina la extinción del contrato debe ser fehacientemente comunicada y preavisada con antelación suficiente a la fecha de efectos del mismo. Se trata de una garantía para el trabajador en su doble vertiente de exigencia de buena fe contractual (i) y derecho de defensa (ii).

Por el contrario, no se consideran causas de extinción del contrato sino de interrupción, es decir, de suspensión de sus efectos, las consignadas en el

1. Mutuo acuerdo de las partes.

2. La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e imprevisibles.

3. El riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador autónomo, según lo previsto en el apartado 7 del artículo 8 de la presente ley.

4. Incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar.

5. Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses.

6. La situación de violencia de género, para que la trabajadora autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.

7. Fuerza mayor.

Indemnización por daños y perjuicios:

La extinción del contrato puede dar lugar a una indemnización correspondiente a los presuntos daños y perjuicios que la adopción de tal decisión puede provocar en el TRADE siempre y cuando la causa extintiva no quede suficientemente acreditada puesto que, en otro caso, no habrá lugar a la obligación de indemnizar, tal y como estipula el

El importe de esa indemnización debe ser válidamente consignada en el contrato o, en su defecto, el AIP.

En caso de ausencia de regulación de base reguladora para el cálculo de la indemnización se atenderán a una serie de factores como, por ejemplo: el tiempo de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento, las inversiones y gastos realizados por el TRADE, la pérdida sufrida por el cliente o la ganancia dejada de obtener por el TRADE, daños y perjuicios materiales y morales, etc.

Conviene manifestar que no ha lugar a la aplicación análoga de la indemnización improcedente para los trabajadores por cuenta ajena prevista en el

Impugnación Judicial:

Por último, cuando el TRADE considere lesionados sus derechos laborales por decisiones no ajustadas al contenido de los contratos de prestación de servicios ante l,os órganos jurisdiccionales del orden social que serán los competentes para conocer de esas pretensiones, tal y como regula el

Tal y como sucede en la inmensa mayoría de procedimientos con trabajadores por cuenta ajena es un requisito previo el intento de conciliación o mediación ante el servicio de mediación, arbritraje y conciliación (en adelante, SMAC).

Los procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos estarán basados en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad y efectividad y lo acordado en avenencia tendrá fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante el órgano judicial, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de sentencias,

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